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Miércoles 31 de marzo de 2010

La mano dura

Este texto es el editorial de El Ciervo de abril. La revista tiene por tradición firmar sus editoriales. El tono es distinto. Sigo en Brasil. Ya llevo diez días, pronto escribiré algo.

El presidente Barack Obama aspira a cerrar Guantánamo. No lo va a conseguir pronto. Primero tendrá que sacar a los 188 presos que quedan. Tiene dos caminos básicos: si no dan con cargos, liberarlos, en otros países o en Estados Unidos. Si se encuentra un caso contra ellos, que esperen el juicio en una cárcel en Estados Unidos. El gobierno encontró una en Illinois, pero el Congreso le denegó los fondos para adecuarla. Guantá­namo seguirá abierto al menos un año más.

El asunto ha vuelto estas semanas a la actualidad por los problemas que tendrá la administración para juzgar en un tribunal civil a Jalid Seij Mohamed, presunto ideólogo del atentado contra las torres gemelas y el Pentágono. El fiscal general, Eric Holder, quería celebrarlo en Nueva York y dijo que sería “el juicio del siglo”. En seguida hubo quejas. Los opositores creen que una comisión militar sería más adecuada y que hacerlo en Manhattan sería peligroso.

El gobierno dio marcha atrás y aplazó la decisión hasta “dentro de unas semanas”. Un tribunal militar tiene unas reglas menos estrictas. La mayor parte de las declaraciones de Mohamed se obtuvieron con tortura. No servirían por tanto como prueba, probablemente tampoco en una comisión militar. La razón que dan los partidarios de la justicia militar es que Estados Unidos está en guerra y los detenidos deben ser tratados como criminales de guerra. Pero el Congreso nunca aprobó una declaración de guerra. La administración Bush utilizó las comisiones militares sólo tres veces; en dos los acusados ya están libres. La justicia civil ha juzgado unos ciento cincuenta casos de terrorismo desde 2001. El 91 por ciento fueron condenados.

Hay más argumentos: un juicio en Nueva York podía ser peligroso; un tribunal civil podría revelar documentos clasificados. El mensaje de fondo parece evidente: una corte militar es más severa, menos garantista y más secreta. Se ajusta menos al derecho, permite más trapicheos.

He estado en marzo unos días en Londres. Aparecía de nuevo en los periódicos el asesinato en 1992 de James Bulger, un niño de siete años, a manos de otros dos de diez. Uno era Jon Venables. Estuvo recluido hasta la mayoría de edad. Entonces salió en libertad con una identidad nueva, para protegerle. Tiene ahora 27 años. Ya no se llama así y debe vivir sin decir quién es –o quién fue. Parece que más de una vez ha roto esa obligación.

Después de unos años libre, la policía ha vuelto a detenerle. El ministro de Justicia, Jack Straw, no ha dicho el motivo, pero sí que es por “acusaciones extremadamente graves”. No se sabe si tenía pornografía infantil, tomaba drogas o visitó Liverpool, ciudad que tiene prohibida por ser el lugar del asesinato. Todo es especulación. Sin embargo, piden que afronte de nuevo la justicia ahora como adulto y que le castiguen más.

En España también tenemos en marcha un asunto sobre la justicia. El presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, dijo hace unas semanas: “No hay por qué tener miedo a abrir un debate sobre la implantación de la cadena perpetua revisable para determinados delitos”. Cogía el guante de unas declaraciones del líder andaluz del PP, Javier Arenas, a propósito del primer aniversario del asesinato Marta del Castillo. Hace unos días, el mismo partido fichaba como asesor jurídico al padre de Mari Luz, la niña asesinada en 2008, que opina así de la cadena perpetua: “No entiendo que se rechace sólo por el nombre. Estamos en una sociedad nueva, democrática, innovadora… Éstos son otros tiempos y hay que adaptarse a ellos sin prejuicios”.

Los tres casos son muy distintos, pero tienen algo en común. En los tres una parte de la sociedad pide más mano dura. Los ciudadanos de tres países democráticos y seguros no confían en sus sistemas de justicia. No creen que sean capaces de protegerles del terrorismo o de otros peligros. La desconfianza no se debe tanto al modo en que la justicia funciona –lenta o mal– sino a la capacidad real del sistema de castigar a los malos. En el fondo se pone en duda el imperio de la ley.

El mal existe. Hay que afrontarlo. La mano dura puede ser un instrumento en algún momento crítico. Nuestros países tienen un modelo que define escrupulosamente cuándo aplicar esa mano dura. Las reglas del juego las aplica un ente variable: el Estado. Deben estar muy claros sus límites. No vale cambiarlos según quién mande o según quién sea el acusado.

Las distinciones deben estar bien definidas y, si deben modificarse, no debe ser a causa de un caso. Los casos particulares son incontrolables. El terrorismo vive sobre todo gracias a ellos. Hace unos días, en Londres, esperaba que llegara el metro. A mi lado paseaba un joven que parecía musulmán con una mochila. En los atentados de Londres los terroristas llevaban sus bombas en una mochila. En esa podría haber también una bomba. Pero este joven escuchaba música. No lo haría alguien a punto de suicidarse, pensé. La música es anatema en el islam radical. Aunque igual escuchaba versículos recitados del Corán.

Son razonamientos quizá ridículos, pero humanos. Yo me encuentro raramente con cosas así. Hay gente que está más cerca de peligros o que los siente más cerca. O que incluso los ha sufrido. Un Estado no puede permitirse estas variaciones. Su límite está escrito y no puede sobrepasarlo. Quizá estemos acostumbrados a tenerlo casi todo. Aspiramos también a la seguridad plena. Es imposible. No podemos torcer las normas que regulan nuestras vidas según nos parezca para conseguir un objetivo inalcanzable. La libertad tiene sus riesgos. Tiene más ventajas.

Hace unos meses decía Thomas Friedman, célebre columnista del New York Times: “La autocracia de un partido tiene ciertamente sus defectos. Pero cuando la dirige un grupo de personas razonablemente ilustradas, como ocurre hoy con China, también tiene grandes ventajas”. Es cierto que las situaciones de crisis se resuelven más rápido –que no es mejor– en China que en Estados Unidos. Pero también deberíamos preguntar la opinión del campesino a quien le expropian la tierra por nada o el ciudadano al que le han hecho una transfusión con sangre contaminada y la ley no les ampara. El Estado manda y punto.

La mano dura del Estado debe estar rigurosamente controlada. Cuando nos gusta y, sobre todo, cuando no nos gusta. Mohamed tiene derecho a un proceso civil, Venables tiene derecho a la intimidad y a la rehabilitación y España ya tiene un código penal duro. La ley está para respetarla. Estos no son otros tiempos ni la sociedad requiere estas innovaciones.

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Comentarios Un comentario

Comentarios

  • 01.04.2010 Mercutio

    Estoy de acuerdo con casi todo lo que dice el editorial, pero no se debe comparar una posible reforma del código penal en España, para que tenga cabida la cadena perpetua con el hecho de saltarse la legalidad juzgando en una corte militar a quienes se les ha negado sistemáticamente su condición de militares, como pretenden hacer algunos en los Estados Unidos. El primer hecho sucede dentro del orden jurídico, el segundo lo contraviene -una vez más.

    Guantánamo es un contradiós de principio a fin, cuya única redención sería su cierre, la liberación -e indemnización- de los presos contra los que no se puedan presentar cargos y el juicio y las subsiguientes condenas o absoluciones del resto. Puede incluso admitirse, por puro sentido práctico, que los responsables de la barbaridad queden impunes; pero el castigo de inocentes es intolerable. Ya está bien.

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